[su_pullquote align=»right»]Por Sylvain Bourjade[/su_pullquote]
Es difícil tener expertos competentes y a la vez independientes. En este artículo, mostraremos que, para que los conflictos de interés no perjudiquen a la valoración del experto, es necesario que las deliberaciones y los votos de cada uno de ellos se hagan públicos.
El escándalo de Mediator lo ha demostrado con creces: los conflictos de interés pueden tener graves consecuencias, incluso el fallecimiento de numerosas personas. Aunque se garantice una valoración de calidad, ¿cómo podríamos evitarlos? Nuestra investigación muestra que es posible limitar los conflictos de interés aportando mayor transparencia… aunque de manera limitada.
Encontrar buenos expertos es todo un reto: incluso los más competentes tienen conflictos de interés; sus investigaciones se financian de manera parcial gracias a empresarios con los que a menudo han firmado un contrato de asesoría. Cabe pues pensar que su opinión podría ser desvirtuada a fin de no disgustarles.
Para minimizar los conflictos de interés, sin por ello tener que recurrir a expertos menos cualificados, hemos intentado crear un modelo matemático sobre el comportamiento de las diferentes partes. Los expertos se debaten entre tres exigencias: sus opiniones pueden ser sesgadas dado el conflicto de interés, pero al mismo tiempo deben mantener su buena reputación para permanecer en la lista de los expertos más solicitados. Finalmente, incluso si mantienen fuertes vínculos con la industria, guardan cierta ética moral. Por ejemplo, no aprobarían un medicamento sabiendo que este pudiese ser peligroso. Creemos firmemente que la elección de expertos se basa en estos tres elementos.
En Francia, en la mayoría de las agencias de calificación, tales como la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de Productos para la Salud (ANSM, denominada Afssaps hasta el año 2012), ni los informes ni los votos de los expertos son públicos. Si un experto desea que se apruebe un medicamento potencialmente peligroso, su reputación no se ve afectada, ya que nadie conocerá la función que desempeña en esta decisión. Por tanto, debido al conflicto de interés, la opacidad tiende a favorecer las malas decisiones, que podrían poner en peligro la salud de los consumidores (por ejemplo, la puesta en el mercado de un medicamente potencialmente tóxico).
Por el contrario, la transparencia que influye en la reputación del experto mejora la valoración. Es lo que sucede cuando su identidad, el contenido de su informe y sus votos son públicos. El experto no puede esconderse detrás del argumento «es el comité quién ha decidido». En los Estados Unidos, la Food Drug Administration (FDA), encargada de autorizar los medicamentos en el mercado americano, decidió mejorar sus reglamentos de calificación para limitar los conflictos de interés. Los expertos se pronuncian simultáneamente, y la FDA comunica cómo ha votado cada experto y publica un informe detallado de cada reunión.
Los primeros resultados de este estudio teórico no son para nada desconcertantes, los efectos positivos de la transparencia son bien conocidos. No obstante, nuestra investigación ha puesto de manifiesto efectos más que sorprendentes, en los que al contrario, la transparencia tiene un efecto negativo sobre la calidad de las decisiones de valoración, lo que conlleva, por ejemplo, la autorización de substancias peligrosas. De hecho, cuando se conocen bien los conflictos de interés de un experto, todos esperan que sus tomas de decisión sean favorables a los intereses de los industriales que les financian. Sus informes y sus votos no corren el riesgo de dañar su reputación, al ser esta ya de por sí «mala» por el simple hecho de haber revelado sus vínculos con dichos industriales.
A la inversa, si no se desvelan los conflictos de interés, el experto podría estar interesado en votar en contra de las propuestas de los industriales a fin de salvaguardar su reputación. Por lo tanto, según el modelo que hemos elaborado, las decisiones serán mejores si se divulgan los informes y las decisiones de los expertos, pero no necesariamente sus vínculos con los industriales. Asimismo, es necesario que las normas los inciten a ser sinceros: los expertos que hayan tomado decisiones peligrosas no deberían ser consultados de nuevo. Cuando debemos tomar decisiones, la manera en la que construimos el procedimiento de valoración es fundamental, especialmente el hecho de conocer lo que cada uno dice en sus deliberaciones y lo que cada uno vota.
Por ahora, es difícil, sin duda alguna, demostrar que la calidad de las valoraciones mejora cuando se aplican las normas de transparencia. No es algo que pueda observarse, ya que la calidad de la decisión podrá comprobarse únicamente a largo plazo. Para saber si el cambio de las normas de Food and Drug Administration ha tenido éxito, habrá que analizar sus resultados en un plazo de diez años. Sin embargo, queda claro que sería beneficioso que las agencias francesas y europeas de la seguridad de la salud fuesen más transparentes, especialmente cuando se ponen encima de la mesa tantos expedientes sanitarios.
Tal es el caso de los «alteradores endocrinos», esas moléculas que interfieren con nuestro sistema hormonal (el ya conocido bisfenol-A, actualmente prohibido en productos alimentarios). Muchos estudios científicos han mostrado los peligros de estas sustancias químicas, aunque los industriales siguen utilizándolas en gran medida. Las decisiones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre los alteradores endocrinos fueron muy criticadas por los científicos, que acusan a la EFSA de ser susceptibles a los grupos de presión y a los conflictos de interés y tener reglas de valoración opacas. En cambio, en climatología, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyos informes tienen autoridad científica, posee normas de transparencia, a veces, demasiado exigentes.
[su_note note_color=»#f8f8f8″]Por Sylvain Bourjade y el artículo «The roles of reputation and transparency on the behavior of biased experts» (El papel de la reputación y transparencia en el comportamiento de expertos sesgados) publicado junto con Bruno Jullien en RAND Journal of Economics, Vol. 42, núm. 3, 2011.[/su_note]
[su_box title=»Aplicaciones prácticas» style=»soft» box_color=»#f8f8f8″ title_color=»#111111″]El modelo desarrollado puede aplicarse tanto a las agencias de medicamentos como a otros muchos campos en los que sea necesario una valoración, aunque puede ser sesgada por los conflictos de interés. Es el caso de la política de competencia, cuando los expertos deben decidir si dos compañías pueden o no fusionarse, pese a que tienen algún vínculo con esas compañías o con sus competidores. Asimismo, es el caso de las recomendaciones de los analistas financieros. Lo que es aún más sorprendente, es que dichos estudios también podrían aplicarse al sistema de evaluación de los trabajos científicos, cuyos artículos son evaluados por otros investigadores aunque su nombre se mantiene en el anonimato.[/su_box]
[su_spoiler title=»Metodología»]Los trabajos llevados a cabo por Bruno Jullien son un estudio teórico procedente de una fórmula matemática denominada «teoría de los juegos». Se trata de establecer un modelo sobre el comportamiento de los expertos, juzgando qué elementos desempeñan un papel fundamental en sus decisiones, que dependen de los objetivos de los expertos a corto y a largo plazo. Este estudio no está vinculado a datos de valoraciones, ya que por el momento no están disponibles.[/su_spoiler]